viernes, 30 de noviembre de 2012

¿Y ahora qué? (II)


Se ha salvado la bola de partido, pero seguimos jugándonos el futuro en la muerte súbita. Este símil tenístico describe la sensación que muchos tenemos a pocos días del proceso electoral catalán. Se ha ganado tiempo, pero sólo el que precise el boxeador aturdido en recuperarse del golpe que los catalanes le infringieron la noche del domingo. Sin embargo, y más allá del fracaso personal de Artur Mas, se ha evidenciado con claridad el mar de fondo que agita a la sociedad catalana: desde el domingo tenemos el Parlament más soberanista de la historia reciente, con una extrema izquierda independentista, una izquierda independentista, una derecha independentista y IC que, a pesar de los años, todavía se define a partir de conceptos tan propios como el de compañeros de viaje, ahora del independentismo. Con 87 de 135 escaños no hay retórica posible.

Frente a la marea soberanista se ha evidenciado el poco pulso de los partidos constitucionalistas, que ahora ya ni siquiera pueden apelar a la coartada del voto "español" que se abstiene en las elecciones autonómicas: con una participación de casi el 70% a la promesa de la "Cataluña silenciada" le queda muy poco recorrido. El Partido Popular parece incapaz de superar su techo de cristal, que le imposibilita ser una alternativa de poder en Catalunya. Capítulo aparte merece un PSC perdido en su laberinto. Los socialistas se presentaron a las elecciones con un programa nacional que, en el mejor de los casos, cabe imputar a la necesidad de improvisar un vestido para el federalismo, su eterno rey desnudo. Aunque cabría ponerse en lo peor y que, efectivamente, el federalismo sea eso que su programa electoral pone negro sobre blanco: no el modelo alemán al que aluden sino el confederal suizo, donde el poder estatal apenas sí tendría relevancia política. Parece que los socialistas sólo han encontrado una solución para no tener que asumir el trauma de separarse de España: pedirle que se disuelva pacíficamente…al menos, CiU acepta la existencia de España aunque sin que Catalunya forme parte. Más allá de la opinión que nos merezca el modelo suizo, creer que éste es transferible a una de las naciones-estado más antiguas de Europa revela hasta qué punto cierta izquierda no ha aprendido nada del fracaso de la Segunda República: que quien asuma el poder debe gobernar el país real y no el imaginario que gustaría gobernar. La virtud de origen del PSC (ser puente entre los nuevos y los viejos catalanes), reconocida como tal por los catalanes de tota la vida -eso sí, siempre que se conformaran con no disputarles nunca el poder- se ha convertido en un problema estructural que, como tal, parece necesitar más una refundación que una simple reforma. Con la ambigüedad ya no suma, sino que resta y deberá optar por definirse por su minoría catalanista o por ser realmente el representante del PSOE en Catalunya, si no quiere seguir siendo más laminado por un potenciado Ciutadans que ahora le puede pelear el cinturón rojo de Barcelona con garantías de éxito.

¿Y ahora qué? Primero no errar el diagnóstico: en contra de cierta interpretación bien intencionada, el problema catalán no son sus políticos, sino una sociedad ensimismada que ha asumido los mitos del nacionalismo como un presupuesto. Y sin embargo, esta no es una realidad irreversible sino histórica: al fin, nada tiene que ver la Catalunya forjada por treinta años de nacionalismo con la de la transición. Todo constructo puede ser deconstruido.

Pero para que esto sea así se deben tomar decisiones reales, es decir, audaces…hay que estar dispuesto a pelear hasta el último punto.

Primero, ganarse el respeto. Catalunya hace mucho tiempo que le ha perdido el respeto a una España que ha dejado de ser una realidad –lo que se resiste y por ello conforma- en la comunidad autónoma. Y, como sabemos desde Hobbes y Maquiavelo, todo respeto en las relaciones de poder tiene su origen en la capacidad de generar temor, algo que las élites nacionalistas no han sentido jamás, confiadas en poder recorrer su camino como un proceso de decantación hacia el estado-nación, como una ley física sin marcha atrás. España debe comenzar a cuestionar cosas, maneras de hacer en educación, justicia, etc.,  aún a riesgo de ser antipática. No es al cariño a lo que ahora debe aspirar España sino al respeto, pues no sólo es imposible querer a lo que no se respeta, sino que el aprecio sólo surgirá del uso magnánimo y benevolente del poder que ejerza el todo respecto a la parte.

Para ello es indispensable el acuerdo de los dos grandes partidos políticos, un acuerdo entre el PP y el PSOE que cambie algunas de las reglas de juego existentes en nuestro sistema. Primero un cambio en la ley electoral que limite el poder negociador de los nacionalistas para apoyar gobiernos a cambio de partidas presupuestarias. CiU y el PNV siempre se han quejado de que sus aportaciones a la gobernabilidad de España nunca se han valorado. El problema es que esas aportaciones a la gobernabilidad no han sido a favor del país, sino a favor de la partitocracia española, siendo así un mero chantaje para la ciudadanía. Por otra parte el PSOE, que siempre se ha sentido más próximo a los nacionalistas para gobernar (aunque también el PP lo ha hecho), puede ser ahora más sensible a un pacto de estado al ver peligrar uno de sus tradicionales caladeros de votos por la estrategia soberanista. ¿Que los nacionalistas se echarán al monte? Parece que ya lo han hecho, y ha sido la dejadez del estado y no su resistencia el que lo ha propiciado. Pero en paralelo, y como ya apunté en otro artículo, se debe replantear el café para todos para volver al punto de partida: una descentralización administrativa para el conjunto del país compatible con una autonomía legislativa para las comunidades históricas: País Vasco, Catalunya y Galicia. De esta manera se encauzará el hecho diferencial al espacio de lo simbólico, que es su espacio natural y no al de las reivindicaciones económicas como ha pasado en estos años, generando una carrera sin fin que, truncada por la crisis, ha agotado el modelo.

Justamente, esta asimetría en lo simbólico sería complementaria a la igualdad económica a partir de un reparto basado estrictamente en la población, es decir, en que todos tengan acceso a los mismos servicios públicos independientemente de dónde vivan. Cualquier poder político debe aspirar a tratar de manera igualitaria a todos los miembros de una unidad política, y una visión liberal o socialdemócrata no tienen porqué diferir en esto, aunque sí lo hagan en el volumen total de recursos que ese poder político gestiona. Por contra, el PSC (¡e incluso el PP catalán!) reivindica el criterio de ordinariedad a la hora de hacer el reparto de los ingresos autonómicos sin percatarse de la fragante contradicción de esta postura con su razón de ser, pues ¿Por qué si unos ciudadanos tienen más derechos que otros por su origen territorial no se habría de aceptar también la desigualdad por su origen económico? ¿No son ambas cosas igualmente azarosas? Otra cosa son las inversiones, donde el debate debe situarse entre profundizar en la desigualdad reforzando los polos de desarrollo ya existentes y confiando en que los beneficios se socializarán al conjunto o bien apostar por una redistribución intentando generar dinamismo allí donde no lo hay, aún a costa de eficacia. Una discusión que, dicho sea de paso, es válida para todos los niveles administrativos, pues tan fantasma es un aeropuerto en Ciudad Real como en Lleida.

Es hora de aprovechar un tiempo que no deja de ser una prorroga. Es hora de replantear el modelo autonómico y defenderlo sin complejos sin esperar a que una hipotética mejora de la situación económica nos ahorre tomar las decisiones necesarias para superar nuestra crisis política. 

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