lunes, 18 de febrero de 2013

Salida de emergencia


Cuando todavía no se ha cumplido la mitad de una legislatura que debería centrarse en resolver la difícil situación económica la corrupción ocupa la agenda política. La descomposición de las instituciones que ésta genera cuestiona su capacidad de respuesta cuando más necesaria resultaría. Una de las manifestaciones de esa descomposición afecta al sistema de partidos, incapaz de autoregenerarse desde el mecanismo de alternancia en el poder. La crisis económica ha generado una bajamar que pone al descubierto el carácter estructural de la financiación ilegal de los partidos, origen de todo tipo de corruptelas personales. Uno más de los devastadores efectos del envilecimiento de la ley, para el que ha sido esencial la okupación de la justicia realizada por los partidos políticos. Así, la ciudadanía tiene la sensación de que éstos son impunes en lo referente a su financiaron ilegal y que nadie que robe, si lo hace en provecho de la organización (aunque por el camino se haya quedado una parte), va a la cárcel. Sólo los francotiradores, los que no tienen suficiente poder o información para incriminar al resto de cargos perecen estar sujetos a la ley.


Las instituciones surgidas de la transición, como el sistema de partidos, la estructura territorial y la propia jefatura del estado han perdido la funcionalidad que las legitimaba ante una ciudadanía que parece asumir esa descomposición con un fatalismo que podría desembocar en una italianización de la política española, bien mediante la aparición de un líder populista o bien por la imposición de un tecnócrata desde instancias europeas; situaciones ambas que certificarían el fracaso de España como estado democrático. Que las encuestas indiquen un desgaste brutal del partido del gobierno, sólo superado por el del partido en la oposición y posible recambio, es un buen indicador de ese fatalismo.

¿Cómo hacer frente a esa descomposición? Pareciera que una parte de la élite política o económica está optando, según los acontecimientos recientes, por el ajuste más que por la rendición (accountability) de cuentas mediante oscuras intrigas palaciegas, toda vez que el ruido de sobres, ¡perdón! de sables ya no es homologable en nuestro contexto. Estos movimientos tienen más que ver con la voluntad de resituarse ante la constatación de que el estado, como capturador de rentas, ya no da para tantos que con una auténtica voluntad regeneradora pues ésta, como finalidad, se vería totalmente traicionada por la opacidad de sus medios. Es indispensable que cualquier alternativa se legitime democráticamente y que los medios sean tan transparentes como los fines que se persiguen. Y esa alternativa, si es correcta la intuición de la imposibilidad de regeneración del sistema de partidos desde dentro, pasa por apelar a las personas en detrimento de los sistemas. El buen sistema es aquél que es capaz de solventar los problemas que plantean los malos gestores. Dicho de otro modo, un sistema pasa a ser disfuncional cuando no puede asumir el fallo de las personas sin dejar de cumplir su función, y es en ese momento cuando se hace imprescindible apelar a lo singular, a lo excepcional y no al método. Quizás estemos en ese momento.

La democracia española debería tener la posibilidad de activar en los próximos procesos electorales una válvula de escape que le permita huir del dilema entre la descomposición y el desgobierno. No se trata de sustituir el sistema de partidos, sino de facilitar su ajuste mediante un reinicio (reset) que inevitablemente debe realizarse desde fuera, aunque siempre con el objetivo de mejorar su funcionamiento, ya que no hay sistema democrático sin sistema de partidos. La apelación a las personas es la excepción y no la regla, entre otras cosas porque significa introducir un voluntarismo incompatible con la estabilidad. La válvula de escape que planteo consiste -si se me permite cierto lenguaje decimonónico- en que "ciertos hombres buenos", de reconocido prestigio en sus ámbitos profesionales, se comprometan con el país y articulen una propuesta electoral (como movimiento y no como partido) con un único compromiso en su programa: la regeneración de las instituciones públicas como requisito imprescindible para que éstas sigan cumpliendo su función. Ese único compromiso debería ceñirse a lo procedimental y no a lo sustancial e ideológico, a fin de obtener un amplio consenso en una ciudadanía que puede tener opiniones muy diversas en temas concretos, económicos o religiosos, pero que converge en la necesidad de recuperar el poder que la partitocracia le ha arrebatado.


Ese compromiso electoral consistiría en 4 puntos básicos que, de cumplirse, obligaría a una reforma constitucional y los procesos ligados a ello. Una vez cometida su función, ese movimiento desaparecería dejando el protagonismo a unos partidos políticos ya adaptados a las nuevas reglas de juego. Esos 4 puntos básicos serían:

1.     Transformación del sistema electoral de manera que los elegidos respondan a los electores y no a las cúpulas de los partidos políticos. Cambiar el actual sistema proporcional por otro mayoritario es el elemento clave de esa reforma.

2.     Transformación de la estructura territorial del estado, eliminando duplicidades entre administraciones y transformando el modelo autonómico. En otro artículo he explicado la necesidad de limitar el poder legislativo a las autonomías históricas y aplicar una descentralización administrativa al resto del territorio.

3.     Despolitizar la justicia. A estas alturas se hace totalmente imprescindible volver a creer en la separación de los poderes ejecutivo y judicial. Los órganos de poder de los jueces no se pueden seguir escogiendo con criterios partidistas ni éstos deben estar sometidos a los cambios de gobierno. La excusa según la cual el sometimiento de la justicia a la política era requisito para afianzar la transición de una dictadura a una democracia ha generado un mecanismo perverso que sólo ha servido para envilecer la ley. En el sistema actual los órganos de la judicatura no tienen ningún incentivo para suspender sus juicios partidistas.  

4.     Introducir elementos de eficacia y eficiencia en la gestión pública. Existe un largo recorrido reformista en el funcionamiento de las administraciones públicas previo a la discusión ideológica sobre sus competencias. 


Tan importante es el fondo (aunque paradójicamente sea procedimental) como la forma para evitar tendencias populistas. Es por ello que sería indispensable puntualizar que:

a.     No se propone un nuevo partido con voluntad de permanecer, sino un movimiento con fecha de caducidad: el cumplimiento de esos 4 puntos programáticos, tras lo cual se debería dejar paso a la dinámica de los partidos ideológicos tradicionales. Esos “hombres buenos” no serán profesionales de la política, sino personas de éxito que, por ello, pueden sacrificarse temporalmente por el país para marchar a sus casas una vez cumplida su función.

b.     Las propuestas no van en contra de los partidos, sino que abogan por su necesaria transformación para volver a ser útiles a la sociedad. Esos mismos partidos, aunque renunciando a su liderazgo, deberán implicarse en el desarrollo de las propuestas para propiciar el necesario consenso en la tramitación de los cambios constitucionales que su aprobación implicaría.

c.     Esos cambios constitucionales darían paso a un nuevo modelo de estado que podría representarse en un relevo de la jefatura del estado, resaltando su carácter constituyente.

Evidentemente, este proceso se desarrollaría en caso de resultar esa alternativa vencedora en un proceso electoral, pero su sola presencia y un apoyo importante de la ciudadanía podría ser suficiente para ayudar a dar el paso a unos partidos reacios a afrontar su necesaria regeneración.
  
Como este artículo es, en sí mismo, puro voluntarismo, permítanme trasladarles el juego de los nombres ¿Quién podría liderar un movimiento de este tipo? Como habrán imaginado este recurso es sólo una excusa para lanzar el mío: Amancio Ortega. Un hombre discreto con su vida y su dinero, al cual no se conoce posicionamiento político alguno, que indudablemente ha triunfado en su ámbito profesional, en el cual ha demostrado saber dirigir una gran organización multinacional…y, por último pero importante, del cual nadie podría decir que se acerca a la política para enriquecerse. 

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